El Gobierno cierra a cal y canto los archivos históricos de Defensa y Exteriores
Carlos Sánchez, 16 de julio de 2013
La
transparencia tiene sus límites. Eso, al menos, es lo que piensa el Gobierno,
que ha cerrado con los siete candados que sellaban el sepulcro del Cid los archivos
históricos de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La
opacidad es tan tupida que más de 300 historiadores e investigadores
españoles y extranjeros han enviado una carta al Gobierno para que abra los
archivos. Y lo hacen con un argumento central: es “inverosímil pensar que la
difusión de ese material entrañaría un riesgo para la defensa y la seguridad
del Estado o para las relaciones de España con terceros países”, como arguye el
Ejecutivo. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran historiadores de la
talla de Jean-Marc Delaunay, Ángel Viñas, Helen Graham, Alfonso
Botti o Borja de Riquer.
En el
caso de Defensa, hay que remontarse a octubre de 2010, cuando la entonces
ministra del ramo, Carme Chacón, elevó al Consejo de Ministros un
acuerdo para desclasificar 10.000 documentos fechados entre 1936 y 1968. El
argumento que se dio en su día es que esa documentación “no constituye en la
actualidad riesgo real alguno para la seguridad del Estado”.
¿Qué
ocurrió entonces? Pues que extrañamente y pese a esa premisa, apenas un año
después de que se elevara al Consejo de Ministros el acuerdo, fue el propio
Gobierno socialista el que aprobó denegar a los historiadores e investigadores
tener acceso a esa voluminosa documentación, con un valor indudable debido a
que se trata de años claves de la historia de España, y que puede explicar con
mejor información la Guerra Civil, la participación de España en la II
Guerra Mundial o los pactos entre Franco y EEUU sobre instalación de bases
estadounidenses, además de la vida política en el franquismo hasta
el año 1968. Aquel acuerdo nunca se puso en marcha.
Con
el nuevo Gobierno del partido Popular (PP) -que ha presentado su propia Ley de Transparencia-
los historiadores pensaban que se recuperaría el viejo acuerdo del Consejo de
Ministros, entre otras cosas porque el trabajo técnico realizado por los
documentalistas del Ministerio de Defensa estaba hecho, e incluso la
documentación se incluyó en la memoria de traspaso de poderes. Pero la
realidad ha sido muy distinta.
Según
el historiador Carlos Sanz, de la Universidad Complutense de Madrid, el
actual Gobierno se ha negado a abrir los archivos oficiales. Y no sólo
eso. El Ministerio de Exteriores ha ido en la misma dirección y ha endurecido
el acceso de los profesionales a sus archivos históricos. Incluso los ha
dividido, lo que ha provocado una ruptura del archivo documental. La
documentación relativa al periodo que va entre el siglo XVI y el año 1931 ha
sido enviada al Archivo Histórico Nacional y la que corresponde al periodo
posterior se ha concentrado en el Archivo General de la Administración.
Es más, históricamente el archivo de Exteriores era de los “más liberales” del
mundo, como sostiene Sanz, toda vez que permitía tener acceso a documentos
anteriores a hace 25 años, mientras que en la mayoría de los países lo normal
son 30 años. Ahora, sin embargo, se han endurecido esos requisitos.
Documentación
‘secreta’ o ‘reservada’
Según
los promotores del manifiesto, “menos se comprende aún” que el Ministerio de
Asuntos Exteriores haya declarado ‘secreta’ o ‘reservada’ la
práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su
archivo -compuestos por papeles diplomáticos del siglo XV al XX- que habían
sido consultados hasta entonces sin mayores impedimentos por parte de
historiadores de todo el mundo.
Comoquiera
que los profesionales criticaron esta situación, la respuesta del Ministerio de
Asuntos Exteriores, según los firmantes del escrito, ha sido cerrar a los
investigadores el acceso a su Archivo General, en septiembre de 2012, y
dispersar sus fondos sin comunicar si podrán ser algún día consultables de
nuevo, y en su caso cuándo y en qué condiciones. Los historiadores
recuerdan que España debe cumplir sus compromisos internacionales que ha
suscrito en materia archivística y de documentación, como son la Recomendación
del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en
Materia de Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre
el Acceso a los Documentos Públicos.
La Ley de
Secretos Oficiales (1968) es todavía preconstitucional, y aunque fue
modificada ya en democracia, en 1978, tiene un carácter fuertemente
restrictivo. De hecho, establece que podrán ser declaradas "materias
clasificadas" los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y
objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en
riesgo la seguridad y defensa del Estado. Un concepto ambiguo y subjetivo donde
los haya que impide todavía conocer con precisión buena parte de la historia
más reciente de España.
Según
publicó
la revista Tiempo, los trabajos de desclasificación previos del
Ministerio de Defensa dieron como resultado una lista de 42 apartados aptos
para ver la luz. La documentación más relevante era, a priori, la del Ejército
de Tierra. Y así, por ejemplo, de la Guerra Civil todavía se mantienen secretos
bandos de guerra, datos sobre detención de extranjeros, órdenes de
batalla y actos de censura, además de información relativa a la
existencia de campos de concentración o movimientos de espionaje.
Sobre
el periodo que va de 1939 a 1968 hay documentos sobre “batallones de soldados
trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechosos y sabotajes”,
así como líneas de fortificación a lo largo del Pirineo o actividades en
Marruecos, entre otros documentos.
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