Protestas de investigadores por falta de acceso...
ARCHIVO Mº
ASUNTOS EXTERIORES Y Mº DEFENSA.
Comunicado de H-SPAIN
dirigido al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios de España:
Haciéndonos eco del profundo malestar producido
entre historiadores, archiveros, periodistas y otros grupos sociales por el
cierre indefinido e injustificable del acceso a documentos históricos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio de Defensa de
España, desde H-SPAIN solicitamos a las autoridades competentes la inmediata reapertura
de dichos fondos y la garantía de su accesibilidad para todos
los investigadores en el
plazo más breve posible.
Consideramos que de ninguna manera cabe
justificar las trabas que se está imponiendo al acceso a dicha documentación
histórica por medio de argumentos inverosímiles sobre el riesgo que su difusión
entrañaría para la defensa y la seguridad del Estado o para las relaciones de
España con terceros países. 10.000 documentos de Defensa de los años 1936 a
1968 estaban listos para su desclasificación, tras el preceptivo examen, antes
de que el Ministerio cancelara su publicación en mayo de 2012 en una decisión
que cabe considerar, como mínimo, de arbitraria. Menos se comprende aún que el
Ministerio de Asuntos Exteriores haya declarado “secreta” o “reservada” la
práctica totalidad de su documentación, incluyendo los fondos históricos de su
archivo –compuestos por papeles
diplomáticos del siglo XV
al XX- que habían sido consultados hasta entonces sin mayores impedimentos por
parte de historiadores de todo el mundo.
Que la respuesta del Ministerio de Asuntos
Exteriores a las denuncias de esta situación haya sido cerrar a los
investigadores el acceso a su Archivo General, en septiembre de 2012, y
dispersar sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General
de la Administración sin comunicar si esos fondos serán algún día consultables
de nuevo, y en su
caso cuándo y en qué
condiciones -lo que hace temer nuevos obstáculos y demoras que sumar a las que
sufrimos desde hace casi dos años-, no hace más que ahondar en la enorme
preocupación que genera la actual situación.
El acceso y libre disposición de estos fondos
históricos, dentro de los plazos y límites marcados por la actual normativa, no
solamente constituye un derecho de los españoles, sino también un deber moral
del ejecutivo. No se trata tan sólo del enorme perjuicio que se está causando a
innumerables proyectos de investigación histórica tanto en España como
en el extranjero, sino
también del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras
fronteras, así como de la degradación de la calidad de la democracia española
que se derivan de unas decisiones que nos alejan de los estándares europeos e
internacionales de protección de derechos democráticos básicos como el de
libertad de información e investigación, el acceso al patrimonio y la cultura,
y el control y rendición de cuentas por parte del gobierno y la administración
pública.
En este sentido, instamos a nuestros
gobernantes a que, rectificando su actual política, cumplan con los
instrumentos internacionales que España ha suscrito en materia archivística y
de documentación, como son la Recomendación Nº R (2000) 13 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa sobre una Política Europea en Materia de
Comunicación de Archivos, y el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a
los Documentos Públicos (Tromsø, 18 de junio de 2009).
No se trata de una petición de unos pocos
para unos pocos. Si bien este llamamiento parte del mundo académico, es a la
sociedad en su conjunto a la que se está negando el derecho a conocer por sí
misma, al margen de interpretaciones oficiales e interesadas, su propio pasado.
No puede haber auténtica democracia allí donde no se garantiza a los ciudadanos
el derecho a generar una visión crítica del propio desarrollo histórico basado
en el acceso al patrimonio documental común.
Firmando esta solicitud, pedimos al Gobierno
que adopte cuantas medidas sean precisas para garantizar el acceso de los
investigadores, profesionales o no, a los fondos documentales de estos archivos
y en el plazo más breve posible. Solicitamos asimismo a los distintos grupos
parlamentarios que exijan y respalden estas medidas, así como que controlen su cumplimiento.
Instamos también a toda la sociedad que apoye esta petición, para que pueda
hacer del conocimiento crítico de su pasado la mejor guía para una construcción
consciente de su futuro.
Todos aquellos que deseen adherirse deben
enviar a h-spain@h-net.msu.edu los
siguientes datos: nombre y apellidos, institución académica de pertenencia (o
"investigador independiente" en su defecto) y número de DNI o
pasaporte (el cual no se hará público). En
el caso de tratarse de un
organismo, se deberá enviar el nombre de dicha institución y el de la persona
que la represente, con su número de DNI o pasaporte.
Carlos Sanz Díaz
(Universidad Complutense de Madrid)
En nombre del Consejo
Asesor de H-SPAIN, suscriben el presente escrito:
David Jorge (Wesleyan University, Connecticut)
Ángel Viñas (Universidad
Complutense de Madrid)
Helen Graham (Royal Holloway, University of London)
Florentino Rodao
(Universidad Complutense de Madrid)
Sebastiaan Faber (Oberlin College, Ohio)
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