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Luis Sánchez-Moliní, 03.08.2008 - 05:03
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La falta de iniciativa política, financiación y entendimiento entre las tres administraciones retrasa la restauración del edificio fabril de San Bernardo, uno de los mejores ejemplos de patrimonio industrial.
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Desde que el Consejo de Ministros autorizara al Ministerio de Defensa, en marzo del año pasado, la enajenación de la Fábrica de Artillería de Sevilla, han pasado ya dieciséis meses sin que se tenga muy claro cuál será el futuro uso de un edificio que, por su amplia extensión (20.064 metros cuadrados) y su alto valor patrimonial (es Bien de Interés Cultural desde el 16 de noviembre de 2001), aparece como uno de los grandes retos de la política patrimonial en la próxima década.
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Por ahora, hay muchos novios pero ninguna dote. Se ha hablado de instalar archivos históricos, de crear un centro cultural de vanguardia e, incluso, de trasladar allí las escuelas de Arquitectura y Aparejadores, pero todavía nadie ha puesto sobre la mesa ni un euro de los 70 millones que se estima costará la restauración de una de las joyas del patrimonio industrial español. En resumen, la falta de decisión política y de financiación tienen paralizado el proyecto sin fecha en el horizonte.
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La única realidad incuestionable es que el inmueble ya es de propiedad municipal en virtud de un convenio marco por el que Defensa le transfería la Fábrica al Ayuntamiento junto al antiguo cuartel de San Fernando (que actualmente acoge las cocheras de Tussam). La administración, por tanto, que tendrá la última palabra sobre el futuro uso del inmueble es el Consistorio. Otra cosa es que disponga de los fondos necesarios para acometer una obra de restauración que se promete ser cara, larga y complicada.Es por ello que, desde un principio, el Ayuntamiento ha buscado proyectos de uso con los que implicar tanto a la administración central como a la autonómica.
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En este sentido, la idea que siempre ha contado con mayor simpatía por parte del Consistorio es la de ubicar en la Fábrica de Artillería el Archivo Histórico Provincial (propiedad del Estado) y el Archivo General de Andalucía (propiedad de la Junta de Andalucía).
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El proyecto contó en su día con la bendición de la anterior ministra de Cultura, Carmen Calvo, pero todo indica que, sin embargo, el nuevo ministro, César Antonio Molina, ahora no está precisamente entusiasmado (el Ministerio llegó incluso a anunciar que renunciaba a él, aunque luego rectificó).
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Pese a que a finales del año pasado las tres administraciones decidieron repartirse a partes iguales tanto los costes como los metros cuadrados, lo cierto es que todavía nadie ha aportado un euro.
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Según fuentes de la Consejería de Cultura, en la Junta se está a la espera de que el Estado dé el primer paso. El malestar apenas se puede ocultar. "Hasta que no veamos que el Ministerio tiene un interés claro, nosotros no vamos a hacer nada. Creemos que la cuestión de la Fábrica de Artillería es prioritaria, pero no urgente", se argumenta desde la Junta.Por ahora, las bofetadas de la Junta y el Ayuntamiento al Estado las está recibiendo el Ministerio de Defensa (cuya delegación en Sevilla todavía se mantiene en la Fábrica). La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, tan permisible en otras cuestiones, ha exigido una reforma del proyecto de la futura Delegación de Defensa (que se ubicará en los pabellones regionalistas de Eduardo Dato, antigua residencia de los cuadros directivos de la planta) y Urbanismo tarda en conceder la licencia de obras. Desde Defensa se ha mostrado la sorpresa e inquietud que les produce la situación, aunque es evidente que existe una viculación entre su salida de Artillería y sus nuevos proyectos.Teniendo en cuenta que las obras en los pabellones (que cuentan con un presupuesto de algo más de 5 millones de euros) tardarán en realizarse unos quince meses y que, hasta que no estén finalizadas, la Delegación de Defensa tendrá que permanecer en la Fábrica, el horizonte para que se inicie una intervención en la Fábrica de Artillería es más bien lejano.
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Mientras tanto, los novios siguen rondando al Consistorio -que no ha ocultado en ningún momento su pretensión de contar con financiación privada- y éste se deja querer diciendo a todos que sí, bien sea al director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos, Jaime Navarro, -que aspira trasladar el centro a la Fábrica- bien a un grupo de profesionales de la ciudad que quieren convertir el ala oeste del edificio en un supuesto "foco de modernidad".
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